Si bien las imágenes de bicicletas Mobike arrojadas al río Mapocho o destruidas en las calles durante el estallido social de octubre de 2019 fueron reiteradas, una parte de ellas logró salvarse. Y hoy, son su principal activo. Su único activo.
La semana pasada, un tribunal declaró la liquidación forzosa de Mobike Chile, luego de que el factoring Primus Capital la solicitara por deudas que superaban los $ 50 millones. Así, el miércoles de la semana pasada -y luego de que la firma no pudiera sumar recursos-, el 15° Juzgado Civil de Santiago designó a Loreto Riet como liquidadora titular, y a Francisco Javier Gam como suplente. Y ahora se verá realmente qué tenía la compañía para pagar sus deudas.
La próxima semana -se estima que martes o miércoles-, Ried hará la primera diligencia, consistente en la incautación de inventarios, balances y todo lo que posea la entidad. Si bien ese proceso no se ha llevado a cabo, ya está claro que el principal activo serían las bicicletas. Mobike aún tiene varias bicicletas guardadas en una bodega en Huechuraba, las cuales lograron ser rastreadas y puestas en custodia tras el estallido social. A la crisis le sucedió la pandemia, por lo que las operaciones cesaron hace ya algún tiempo. Según señala el abogado de la compañía, Eduardo Álvarez, son del orden de 1.400 unidades las cuales se encuentran almacenadas. La cantidad es bastante menor que las 7.000 bicicletas que -según publicaciones de prensa- llegaron a tener en marzo de 2019, un año después de iniciar su operación en Chile, puntualmente en la comuna de Las Condes, siendo el primer país de Sudamérica en contar con el servicio. Al poco andar, ya sumaban cerca de 330 mil usuarios, pero el estallido, más la pandemia, debilitaron sus finanzas -al tener parte de su operación en Providencia y Santiago, zonas centrales de los enfrentamientos-, terminando en su liquidación.
Para la compañía, lo ideal es que las bicicletas pudieran rematarse todas en la misma bodega para evitar su traslado. La dificultad, no obstante, radicaría en que las unidades funcionan mediante un software de una empresa china que es acreedor en la causa, por lo cual quien las compre debiera tener algún sistema que las active.
Tras la incautación, se desarrollará la junta de acreedores para determinar los pasivos, audiencia que quedó fijada para el 7 de junio, a las 11 horas.
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